Legislación:

Aunque en muchos lugares existe regulación sobre la publicidad exterior, siempre se privilegia el interés privado sobre los derechos públicos de protección del espacio visual. Curiosamente, la Administración responsable de regular los espacios visuales comunes es la principal promotora de la contaminación visual.

La legislación protege el mensaje institucional y comercial que paga el alquiler por ocupar un espacio público. La comunicación social que no pasa estos controles es considerada ilegal y se retira.

Regulación por la Administración: la publicidad exterior se considera una importante fuente de ingresos para la Administración ya que se puede incorporar en múltiples soportes y espacios públicos y los anunciantes confian en su mensaje que va a ser visto por muchas personas. En general, la legislación relativa a los espacios visuales públicos es mínima, muy fragmentada y a veces hasta contradictoria. Lo cierto es que, aunque exista, no se aplica correctamente. La realidad indica que ni existe voluntad política ni concienciación social sobre su cumplimiento.

Ordenanzas municipales: algunos ayuntamientos han desarrollado reglamentos para la regulación de la comunicación exterior. Establecen los lugares que, previo pago, son los adecuados para la publicidad y aquellas sanciones para los anuncios considerados "irregulares".

La protección de los entornos históricos urbanos: la Administración local regula especialmente los cascos antiguos de las ciudades con el fin de proteger el patrimonio arquitectónico y artístico pero sin renunciar a la explotación agresiva del resto de las zonas.

Las leyes de tráfico sobre publicidad en las carreteras: en algunos lugares como es el caso de España, existe una regulación de los perímetros de las carreteras con el fin de evitar la contaminación visual por motivos de seguridad vial. En 1988, con motivo de la prohibición de las vallas en las carreteras, se indultó al anuncio del toro de "Osborne" por considerarse un símbolo de identidad nacional.